II Encuentro Nacional "La Universidad como Objeto de Investigación" |
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Centro de Estudios Avanzados (CEA - Universidad de Buenos Aires -UBA)Noviembre 1997 |
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Universidad Nacional del Centro
Secretaría Académica
Area de Planeamiento y Desarrollo Académico
EL GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD
Prof. Anisia MorenoLic. Ana María Taborga
Lic. Cecilia Di Marco
Octubre de 1997
GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD
En ciencia política se describe al modelo hobbesiano como aquel en que el "estado de naturaleza" es la antítesis del estado político. Mientras éste surge con la función de eliminar los defectos, aquél se muestra antinómico en el momento en que dicho estado político no logra el objetivo para el que ha sido instituído.La contraposición entre estos dos estados reside en que los elementos constitutivos del primero son individuos aislados, no asociados; actúan de hecho según sus pasiones, instintos o intereses; miran por su propia conservación. En cambio, los del segundo consisten en la unión de esos individuos dispersos, en una sociedad que sólo permite la realización de una vida de acuerdo con la razón.
El paso de uno a otro estado no se da necesariamente por la propia fuerza de las cosas, sino mediante actos voluntarios de los mismos individuos interesados en salir del "estado de naturaleza". Es el producto de la conjugación de voluntades, y de la cultura que establece como principio de legitimidad de toda sociedad política el consenso, el acuerdo, el contrato.
El "contrato" se convierte así en fundamento de legitimación y en principio de explicación. Importa que el gobernante ejerza un poder fundado en él y deba rendir cuentas a los gobernados. Obliga a hacer leyes como si ellas derivaran de la voluntad común y de considerar a cada súbdito, en cuanto quiere ser ciudadano, como si hubiese dado su consentimiento a tal voluntad. Desempeña una función real que es la de construir un principio de legitimación del poder, y en virtud de él supone la transferencia de todos o de algunos derechos que el hombre tiene en el "estado de naturaleza" al estado-político, en donde el hombre natural se vuelve hombre civil o ciudadano.
Esta teoría racional concilia dos bienes en apariencia incompatibles: la obediencia y la libertad. Algo para lo que Spinoza propone posteriormente como solución deber de obediencia respecto a las acciones, derecho de libertad 2respecto al pensamiento. En un estado civil cada uno renuncia al derecho de actuar por propio arbitrio, no al de razonar o juzgar. La obediencia no excluye la crítica y en consecuencia es una condición la libertad de opinión y expresión.
El estereotipo intelectual al que recurrimos muestra, al estado de naturaleza como un estado de mutuas impotencias.
El estado-potencia es el estado-razón.
Sin embargo, en la construcción de una teoría y su uso ideológico no hay correspondencias unívocas. Se trata de un problema de relación compleja. Si en el estado-razón está el hecho de que la ciudadanía puede controlar mediante la opinión, la participación u otros mecanismos institucionales y puede apoyar, censurar o indicar cambios de rumbo, no por ello son menos reales las dificultades. Si por un lado, ello suele facilitar la gobernabilidad de un sistema político, por otro ayuda al control político de arriba hacia abajo y complejiza y opaca el funcionamiento de estos mecanismos que son propios de la democracia.
Si bien son condiciones que se plantean para el conjunto de la sociedad, en las universidades estatales se pueden verificar como situaciones específicas. La autonomía y el cogobierno son, en este sentido, focos de atención desde el momento en que generan tensiones por los juegos de poder que en relación a ellos se producen.
El gobierno universitario -centrado sobre el modelo participativo y democrático- tanto provoca adhesión por la sola mención de estos valores como cobija diversas formas de corporativismo. La adhesión no va necesariamente acompañada de 8actitudes consecuentes y en innumerables oportunidades se abusa de sobreentendidos. "Los universitarios...tienen intereses corporativos que tratan de hacer valer en distintos contextos"(1).
En ciertos casos, las prácticos "participativas" responden a un predominio clientelístico que instala estructuras corporativas que logran como efecto el rechazo a todo análisis crítico y objetivo. La pluralidad de actores que en aras de la representatividad se incorporan a los órganos colegiados de gobierno no son garantía total.
El problema que encierra la representación es que, una vez en existencia, sus dirigentes, órganos, y mecanismos tienden a presionar forzar o rutinizar la consulta o negociación de muchas decisiones fundamentales de gobierno, formando "colonias" propias dentro de los espacios del poder político "privatizándolos".
"En la idea democrática el concepto de lo público es rigurosamente central" (2). Las corporaciones, al contrario, constituirían los órganos de esferas o sectores que no se representan sino a sí mismos y a sus propios intereses: son la representación de intereses no generales; de intereses privados o sectoriales. Y lo privado y lo sectorial en política es término contrario de lo público, del interés público. El corporativismo, por propia naturaleza, niega una representación general. Es el gobierno de, por y para los principales grupos funcionales o corporaciones de intereses, sobrentendido que lo justo y lo legítimo es la opción por lo común y no por lo particular.Decir que una acción está en el interés público, es juzgarla congruente con una situación política que es beneficiosa a todos, si no inmediatamente, al menos a largo plazo.
El gobierno democrático es público porque su misma definición implica que está obligadamente abierto a la participación y a la información más amplias.
Una conclusión provisoria, adecuada a lo expuesto, sería la de que debemos hacernos a la idea de que hay que examinar cuidadosamente la efectiva compatibilidad de la democracia en los distintos procesos y las variadas prácticas corporativas. La pregunta que cabe es cómo y cuánto incide una determinada configuración en un sistema político dado - en particular sus componentes corporativos- en la vigencia de dichos valores y atributos de lo democrático.
Para cuidar al poder democrático hace falta descreer de la idealización democrática -no de la democracia- porque es el fenómeno regular, cotidiano, inevitable, de una dualidad propia de la fusión entre poder político y democracia. Da lugar a la contradicción de que el sistema de gobierno más y mejor consentido que ningún otro, abra paso también a la dominación de un orden que se impone.
Estudiar estos aspectos supone tener en cuenta la co- existencia emergente de aspectos positivos y negativos del orden y el desorden, de lo constructivo y lo destructivo emergente en grupos, organizaciones e instituciones con carácter social. Estas realidades no son eventos aislados ni anormalidades transitorias; son actividades recurrentes que se constituyen en rasgos de la cultura organizacional.
Son desviaciones que se refuerzan y autoconvalidan mientras muchos siguen pensando que hay un solo orden posible, basado en las misiones de la institución y sus metas.
Lo "oculto", lo informal, no siempre es benevolente; a veces permite y mantiene estas situaciones a las que les otorga impunidad, por sobre lo deseable.
La mirada de atención también es para señalar que es posible la estabilidad y continuidad en situaciones que son negativas, que se dan a través de círculos viciosos que divorcian el discurso de la acción, que se mantienen a través de derroteros inadecuados construidos por los propios actores integrantes del sistema, que además, no se sienten culpables aduciendo tener una particular interpretación de los valores socio-políticos. Implica opacidad en la organización; diferencias entre el pensar, el decir y el hacer. Porque hay estrategias en el ejercicio del poder que consisten en provocar la "información - desinformación" (3) y porque todo ello supone el respaldo, la complicidad, el silencio o la omisión de ciertos actores. Se da, fundamentalmente, cuando la institución se aisla de su contexto y sólo piensa en su supervivencia.
Supone evaluar los procesos pertinentes desde el (ethos( propio de la organización que se presenta siempre como un imperativo categórico invariable. El marco de referencia es "el deber ser", la responsabilidad frente a lo social. Las brechas y las fracturas en el orden de lo deseable tejen la trama de la desviación como algo que se construye internamente.
Desarticular lo negativo de dicha trama, sus prácticas y modos de relación, para mantener un quehacer positivo importa dar cuenta de las diferencias existentes entre lo real y lo posible; orientarse en el paradigma de la complejidad como modelo para conocer tanto sus aspiraciones y capacidades para lograrlos como su falibilidad y sus realidades contradictorias.
El razonamiento dialógico es posible: frente a los desvíos se tiene una idea de lo constructivo, del deber ser; frente al reduccionismo de explicar la realidad sólo en función de mediciones, planes y programas oficiales, o en aceptar lo que ocurre porque ocurre, intentamos dejar en claro que la anormalidad tiene también su racionalidad, su lógica, que no es algo aleatorio: sucede en una trama inter-activa de co-existencia de racionalidades opuestas, desde una realidad mediatizada por dispositivos de poder que no son una imperfección del pluralismo democrático. Conforman un orden negativo, pero funcionan; no son fallas técnicas superables desde otro sistema político. Son articulaciones que le incorporan complejidad, desviaciones que surgen de la confrontación entre niveles de realidad vigentes y deseados dentro del sistema. El mismo sitema que respeta y resguarda los derechos de los "ciudadanos universitarios", sus libertades y posibilita laluchaporeso mismo.La universidad es un objeto de estudio complejo. Su análisis no puede relegar el aspecto político. Los esfuerzos por mantener la transparencia de los mecanismos de decisión, de formas de participación más abiertas y directas que neutralicen el corporatismo y la compartimentación de intereses deben contar al momento de la evaluación crítica de sus funciones. Esta es una dimensión que de seguir su análisis puede traducirse en reformas estatutarias para mecanismos eleccionarios, composición de cuerpos colegiados, mecanismos de toma de decisión, y que necesariamente está vinculada a la organización y administración de la institución universidad.
Es una dimensión que precisa de descripción en cuanto al poder legislativo, claustros participantes, sistemas de procedimientos para la elección de sus integrantes. Precisa conocer la apreciación de la comunidad académica en cuanto a claridad y nivel de difusión de las políticas, orientaciones y procesos para la gestión; la pertinencia de las decisiones que se adoptan, su adecuación a las condiciones y oportunidades que ofrece el país. Necesita reflexión y análisis sobre la eficacia y coherencia de las estrategias de gobierno en cuanto a la demanda y las características y requerimientos de la matrícula; la adecuación y dotación presupuestaria y de equipamiento a cada unidad académica en relación con los requerimientos y necesidades de dichas unidades, concordantes con los objetivos expresados por el gobierno de la institución; la adecuación de la planificación financiera al proyecto institucional de mediano y largo plazo; al número de cargos directivos, en relación al tamaño y complejidad de la universidad y cada unidad académica; de la participación del personal directivo en la formulación de los planes, carreras y programas y el grado de apertura y consulta a la comunidad académica que no integra los órganos de gobierno.
Sin embargo, resulta difícil encontrar los canales adecuados e idear formas creativas de participación. Es apreciable la tendencia creciente a la división del trabajo entre quienes conducen y planifican por un lado y, por otro, quienes desarrollan las tareas de docencia, investigación y extensión. Se da una marcada diferenciación que estratifica y corta donde debería haber gestión compartida. La necesidad de participación es consensualmente aceptada, pero suele percibírsela más como un componente que lentifica todo tipo de procesos, especialmente los de toma de decisión, que como aquello que hay que hacer para no resultar hegemónicos y unidireccionales; como un innegable requisito de la democracia pero que en última instancia quita eficacia, velocidad y precisión a los planes y objetivos propuestos.
La premisa de la participación y el acento puesto en ella, tanto desde nuestro enfoque teórico-conceptual como desde la implementación de nuestras primeras acciones en torno a la autoevaluación institucional como requisito real de la dimensión política, es coherente con el enfoque que considera la actividad organizacional como una unidad tridimensional planeación-ejecución-evaluación, con técnicas de triangulación que permitan reflexionar y actuar en este caso, el de la participación, desde otro ángulo, tan lejos de la apariencia de la participación como del asambleísmo anárquico. No se trata de una graciosa cesión de derechos sino de una condición necesaria e imprescindible. Si la comunidad universitaria no está convencida de aquello que deba hacer, difícilmente lo hará.
Y el convencimiento surge de la identificación, en mayor o menor grado con los proyectos, lo cual promueve el compromiso responsable con los mismos.
Queda en pie la pregunta sobre cómo es posible llevar esto a la práctica. Pregunta que no tiene sólo una respuesta; más bien se trata de un camino a recorrer que transite por ideologías de transparencia, de políticas de información cada vez más fidedignas y por la madurez social y política de las instituciones, personas y grupos.
Gobierno de la Universidad-UNC- Resumen
El trabajo se centra en la necesidad de analizar el gobierno de la universidad, dimensión política que debería formar parte de la reflexión y análisis que la actividad evaluativa comporta.
Revaloriza el componente de la participación de la comunidad universitaria en un doble aspecto: desde su importancia como elemento que integra su forma de gobierno democrática y desde la relevancia que asume como faceta del proceso de autoevaluación para el logro del acompañamiento imprescindible que requiere todo cambio. De intensa significación en los albores de la recuperación democrática, actualmente se ve soslayada por el pragmatismo y eficientismo que los tiempos imponen.
Toma conceptos provenientes de la ciencia política y a partir del estereotipo intelectual que asimila algunos comportamientos no deseables pero reales al "estado de naturaleza" hobbesiano, contrapone el concepto de "sociedad civil" asimilado al estado-razón; advierte sobre la necesidad de investigar estos aspectos, incorporarlos al "modelo" evaluativo y dotar así de mayor razonabilidad actitudes de la política universitaria no exentas de cierta arbitrariedad y corporatismos poco conducentes.
Bibliografía:
BOBBIO, N y BOVERO, M. Sociedad y estado en la filosofía moderna. FCE. México, 1986.ETKIN, Jorge. La Doble Moral de las Organizaciones. Los sistemas perversos y la corrupción institucionalizada. Ed.
Mc Graw-Hill. España, 1994.
PEREZ LINDO, Augusto. Universidad, política y sociedad. EUDEBA. Bs. As. 1985.
La Batalla de la Inteligencia: Ciencia, Universidad Crecimiento. Ed. Cántaro. Bs.As, 1989.
Teoría y Evaluación de la Educación Superior. Ed. Aique. Bs.As, 1993.
Mutaciones. Escenarios y filosofías del cambio de mundo. Ed. Biblos. Bs.As., 1995.
RIBEIRO, D. "La Universidad Necesaria. Ed.Nueva América. UNAM. México, 1982.
STRASSER, Carlos. Para una teoría de la democracia posible. Grupo Editor Latinoamericano. Bs.As., 1990.
NOTAS
(1). Pérez Lindo,A. La Batalla de la Inteligencia. Ciencia, Universidad y crecimiento. Ed. Cántaro. Bs.As. 1989. p.5(2) Strasser,C. Para una teoría de la democracia posible. GEL. Bs.As. ,1990. p.105
(3). Etkin, J. La Doble Moral de las Organizaciones. Los sistemas perversos y la corrupción institucionalizada. Ed. Mc Graw Hill. España, 1994. p.20 Buscar en esta seccion :