3ra Jornadas Internacionales
|
|
Centro de Estudios Avanzados (CEA - Universidad de Buenos Aires -UBA)Octubre de 1998 |
Ponencias publicadas por el Equipo NAyA https://www.equiponaya.com.ar/ info@equiponaya.com.ar |
Congresos en cdrom 2.2 - version en línea
LAS NUEVAS REGLAS DE JUEGO : Crónica de un conflicto entre la población local y un grupo económico por la selva de yungas
III Jornadas Internacionales Estado y Sociedad
Ponencia presentada por : Estela Vázquez Facultad de Humanidades. Unsa Buenos Aires, octubre de 1998
Introducción
Las medidas adoptadas por los gobiernos provinciales que se sucedieron en los últimos años, entre las que se destaca la Reforma del Estado, junto a la aplicación de las políticas económicas del gobierno nacional, de ajuste, apertura al mercado mundial e integración regional en el marco del Mercosur, tuvieron como consecuencia una importante reestructuración social en el ámbito provincial. En varios casos puntuales, el establecimiento de nuevas reglas de juego buscando ampliar el mercado y reducir el estado, provocaron importantes conflictos, porque afectaron los recursos naturales y las condiciones de vida de poblaciones locales, siendo el más conocido el corte de ruta de Tartagal de 1997, otro que cobró notoriedad es el de la empresa que construye el gasoducto Gasnor y la población kolla de la selva de yungas, debido a la cobertura de algunos diarios.
La propuesta de transformación del estado es reconocida como necesidad en el ámbito local ya a fines de los 80. La legislación que propone el gobierno y aceptan las cámaras, pone de manifiesto la voluntad política de avanzar en esta dirección. La situación de endeudamiento generalizado y el tamaño desmedido de la planta de la administración pública dan argumentos que justifican dicha iniciativa, que en un principio fue inducida por el gobierno nacional.
La Ley 6583, que data de marzo de 1990 durante la gestión del justicialista Hernán Cornejo, dispone la reforma del estado. Esta contiene todo el instrumental básico para realizar un ajuste profundo en la Provincia, y si bien no será este el gobierno que lo llevará a la práctica, abre las puertas de la legalidad para la reforma del estado. Primero se canaliza a través de una reforma administrativa afectando principalmente al empleo público, pero a medida que se concreta cobra la significación de una reforma del estado.
A partir de diciembre de 1995, el gobierno del también justicialista Juan Carlos Romero, profundiza y concreta la reforma. El día que llega al cargo anuncia la puesta en vigencia de una veintena de decretos de necesidad y urgencia, justificado, como en los casos anteriores, por la "situación de emergencia general en que reciben la Provincia".
Actualmente, se busca deliberadamente transformar estas relaciones entre estado y sociedad, tratando de "devolver al mercado y a la sociedad civil atribuciones que naturalmente les son propias", así el Decreto de necesidad y urgencia N| 153 titulado Estableciendo Nuevas Relaciones entre el estado y la Sociedad Civil, manifiesta: "se trata en definitiva, de considerar que la sociedad civil, por medio de sus organizaciones, asignará mejor que la burocracia gubernamental los recursos en beneficio de los carentes, o el estímulo y la preservación de la cultura", se supone que la sociedad actuará a través de las organizaciones no gubernamentales.
Antecedentes
El gobierno de la provincia promueve una activa política de Reforma del Estado y mediante disposiciones de excepción, revaloriza el mercado como el "mecanismo insuperable de asignación".
En este marco, se continúa con el achicamiento de la planta, despidiendo más empleados, y anunciando un serie de privatizaciones de organismos públicos, lo que se va cumpliendo en tiempos muy cortos, así a los dos años ya se habían vendido el Banco Provincia, la Dirección de Energía, y se encontraban en proceso de privatización y liquidación otras dependencias provinciales.
En lo que hace a la política económica respecto del sector privado, promovió desde un primer momento la radicación de inversiones que, como ya venía sucediendo desde años atrás, tienen características determinadas. Hay un especial atractivo en esta zona para las inversiones productivas que buscan una explotación intensiva de los recursos naturales, por lo que los mayores éxitos obtenidos en este sentido están asociados a la actividad minera y agrícola, dada la aptitud de los recursos provinciales.
Los antecedentes de inversiones de este tipo, que vienen operando hace varios años en distintas zonas de la provincia, muestran que, en general, se tratan de capitales extralocales a los que les resulta en términos generales bajos los precios de la tierra y de los trabajadores, que llegan buscando altas rentabilidades y corto periodo de recuperación de la inversión, no atendiendo en consecuencia, a la conservación de los recursos o la promoción del desarrollo local. Esta forma de operar se facilita por el contexto de sociedades locales que no oponen mayores obstáculos a la explotación de los recursos naturales, y por gobiernos provinciales y municipales más preocupados por exhibir como logro la apertura de una importante empresa, que de enterarse cabalmente del cómo desarrollan estas actividades. Por otro lado, el nulo arraigo local de estos capitales se evidencia en su movilidad, pues se van cuando el recurso ha sido agotado, o cuando el mantenerlo en producción encarece significativamente el proceso productivo.
El gobierno provincial ha encarado la búsqueda de grandes inversores para llevar adelante algunas obras de magnitud que se presentan como superadoras del atraso provincial. En ese sentido, se planificaron varios gasoductos y electroductos que convertirían a la provincia en la proveedora de energía del mercado regional, que actualmente tienen distintos grados de avance. En palabras del discurso oficial : "Se trata en todos los casos, de obras incluidas en un plan de integración efectiva con Chile, mediante el cual serán obtenidos importantes recursos para Salta con la venta de gas y disminuirán en forma sensible los costos de transporte por ruta de materias primas salteñas hacia el Océano Pacífico y desde allí, a los mercados de Oriente"1.
Un elemento complementario importante a considerar es la vocación integracionista de los grupos dirigentes salteños, quienes reivindicando el pasado siempre mantienen la mirada puesta en el espacio regional "centro oeste sudamericano".
Incluso es de destacar los gestos que en este sentido tuvo el gobierno, organizando caravanas de políticos y empresarios a Chile.
A pesar de que la opinión de técnicos que estudiaron el problema era que resultaba más conveniente tender un gasoducto hacia el norte de Chile, no sólo por el impacto ambiental, sino también porque una sola boca de salida es más controlable y rinde mejores regalías, el gobierno decidió la construcción de dos gasoductos, Atacama y Gasnor, con los mismos puntos de salida - Campo Durán en Salta- y cercanos puntos de llegada - Antofagasta y Tocopilla en Chile, pero con rutas distintas.
A esta duplicación de la obra que no se ha justificado, se suma el hecho de que era más racional desde la perspectiva local la promoción de una inversión de planta productora de electricidad a partir del gas, y exportar como energía eléctrica y no como materia prima, ya que ello significaría puestos de trabajo permanentes y mayores precios por el valor agregado. Hasta aquí, las decisiones desde nuestra perspectiva imposibles de justificar que ha tomado el gobierno provincial.
Los Kollas
Hace muchos años, un grupo de indígenas kollas reclama la propiedad de las tierras donde viven. Son grupos de las comunidades de San Andrés, El Naranjo, Río Blanquito y Angosto del Paraní. Estas están situadas hacia el oeste de Orán, en la selva. Tienen la particularidad de haber mantenido prácticas nómades, ya que en verano se trasladan hacia arriba, a la selva, y en invierno bajan hacia los alrededores de Orán. Viven de la cría de animales y de la recolección de frutos de la selva. Muchos de sus hijos vienen a Salta a estudiar y trabajar. La vida de estas comunidades, que suman cerca de 300 familias (alrededor de 2000 personas) estuvo signada, como la de todos los aborígenes de esta provincia, por las necesidades y exigencias de extraños, que querían ponerlos a trabajar por la fuerza, y de hecho lo hicieron, en este caso, los extraños eran los del Ingenio San Martín del Tabacal.
En la lucha por la propiedad de la tierra, hicieron todo lo que normalmente hacen las comunidades desprotegidas e ignoradas, o consideradas extrañas por la sociedad dominante : juicio, marchas, y últimamente, caravanas a Buenos Aires para reclamar frente al Congreso, tratando de sensibilizar a los legisladores de la justicia de su reclamo por la tierra.
Conocen todos lo abatares de los más débiles. En una oportunidad el gobierno compró al Ingenio parte de las tierras que reclaman para devolvérselas, la comunidad aceptó sin perjuicio de seguir reclamando el resto, ... pero el juez interviniente no homologó la donación, así que ni siquiera esas tienen en propiedad.
En esta lucha de toda la vida con el Ingenio, vino a sumarse un elemento nuevo. El gobierno nacional, debido a que era el principal acreedor del Ingenio El Tabacal, decidió, en 1996, llamar a licitación para venderlo y así evitar futuros requerimientos de préstamos. La licitación la gana un grupo chileno que decide retirarse perdiendo una importante suma de dinero que se preveía como multa. Así, es vendido al grupo norteamericano Seabord, que salió segundo.
Uno podría preguntarse, +acaso es posible que la situación de los kollas empeore ?, aunque suene exagerado, puede responderse que sí. El encargado del Ingenio que ahora trata con estos grupos es un guatemalteco que se enorgullece de su pasado como marine de los Estados Unidos, demuestra su desprecio por las comunidades, y los amenaza de muerte cuando se enoja. Los nuevos dueños desconocen la venta realizada por los dueños anteriores al gobierno, y nunca perfeccionada judicialmente como propiedad de la comunidad.
En esta situación de tensión que viven desde hace años, pero agravada hace dos, se enteran que uno de los gasoductos que sale de Tartagal para llevar gas a Chile pasará por estas tierras que tantos problemas les causa.
Un informe de Clarín, del 19 de julio pasado describe con detalle este momento.
"Para los kollas la historia comenzó un día cualquiera de 1997. Rosalía despertó y la tarea era la misma de siempre : llevar sus ovejas al río y recorrer los sembrados de papa y maíz. Como sus hijos y sus antepasados, antes de probar el primer bocado de queso arrojó lo más sabroso al suelo para ofrecérselo a la Pachamama. Pero el ritual fue interrumpido por unos extraños ruidos que provenían de afuera. Lo mismo ocurrió en la casa de Emilio. Emilio decidió asomarse y encontró sus paredes de adobe rodeadas de carteles rojos que decían peligro. "+Qué están haciendo en mi tierra ?, preguntó algo tímido a los tres hombres que tomaban medidas en el corral. Ellos le contestaron que tenían permiso de Tinkunaku, la organización que representa a las comunidades kollas de las Yungas y que jura que jamás dio ese permiso. Los pocos indígenas que visitan la ciudad vecina de Orán volvieron pronto con la noticia : esos hombres eran un grupo de topógrafos y geólogos contratados por la empresa Techint, los carteles marcaban la traza original del gasoducto. Para su construcción, las máquinas deben abrir un camino de 12 metros de ancho que atraviese el monte y se meta en la quebrada que habitan los kollas"
El gasoducto
La empresa que se ocupa del tendido del gasoducto es del grupo Techint, que en este obra se llama Gasnor, contratada el consorcio Norandino formado por Tractebel "la gigante belga de la energía, que tiene dos tercios de las acciones y la estadounidense Southern y la chilena Edelnor, que tienen el tercio restante"2.
En el año 1997, Techint contrató un grupo de profesionales para la realización de un diagnóstico de impacto ambiental, en donde se definió a San Andrés como "área crítica" y recomendaban a la empresa la elección de una traza alternativa que evitara los elevados costos ambientales y sociales de la misma.
Cuando en abril de 1998, el directorio del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), autorizó la construcción de dos gasoductos a Chile, el proyecto Gas Atacama desde Coronel Cornejo que abastecerá a las regiones I y II de Chile (Antofagasta), con hasta 8,5 millones de metros cúbicos diarios de capacidad nominal y del Gasoducto Norandino desde Pichanal y con destino a Tocopilla y Mejillones en la II Región Chilena, con una capacidad nominal de 8 millones de metros cúbicos diarios, según la información periodística, se estableció que deberían cumplir con estrictos requisitos, pero sin embargo, ignoraron la recomendación formulada por el diagnóstico previo de una traza alternativa para la zona de la selva de yungas.
Según la resolución de ENARGAS, la construcción de los gasoductos deberá efectuarse "cumpliendo estrictamente con las normas a fin de garantizar la seguridad de los bienes y las personas". Se contempla el hecho de que ambos se construirán en "zonas de particular interés arqueológico", por lo que los concesionarios deberán establecer "procedimientos de rescate para eventuales hallazgos", sin embargo, nada dice de eventuales hallazgos humanos vivientes, como el caso de la comunidades kollas relatado recién.
Según informa el diario local, el ente señala que aunque el proyecto y traza del Gasoducto Nor Andino "recibió numerosas opiniones favorables de las provincias de Salta y Jujuy", de intendencias e incluso de la comunidad kolla de Humahuaca, las organizacionea de lo que queda de la selva de yungas, una particular zona rica en especies animales y vegetales. Allí se puede encontrar al 60% de las especies de aves de Argentina, más de 100 especies de mamíferos y más de 170 especies de árboles autóctonos. Un motivo importante reside en que este espacio es un área que funciona en la práctica como un corredor natural entre las dos áreas protegidas (parques nacionales Baritú y Calilegua), ubicados en la misma región. La instalación del gasoducto significa, a entender de ecólogos, un corte a la conectividad del área en cuestión, lo que implicará, en un corto o mediano plazo, el aislamiento de poblaciones de diversas especies animales y su consecuente empobrecimiento genético.Según el informe de Herrán, presidente del Grupo Yaguareté, se identificaron en los posteriores estudios de impacto ambiental grandes lagunas de información, como la ausencia de referencias a las comunidades kollas, la carencia de datos meteorológicos y geológicos relativos al área crítica, la inexistencia de mapas de la red de drenaje y de estudios de inestabilidad de taludes, todos elementos imporescindibles a la hora de encarar un proyecto de las dimensiones de un gasoducto.Esto llevó a presentar objeciones ante ENARGAS y Techint, y a ambos se solicitó el cambio de traza en el referido sector.
Según nuestro informante, "El ente regulador aceptó sus errores, alegando que la cuestión de la evaluación de impacto ambiental es nueva en el país, pero admitiendo no contar con personal idóneo para leerxistencia de mapas de la red de drenaje y de estudios de inestabilidad de taludes, todos elementos imporescindibles a la hora de encarar un proyecto de las dimensiones de un gasoducto.
Esto llevó a presentar objeciones ante ENARGAS y Techint, y a ambos se solicitó el cambio de traza en el referido sector. Según nuestro informante, "El ente regulador aceptó sus errores, alegando que la cuestión de la evaluación de impacto ambiental es nueva en el país, pero admitiendo no contar con personal idóneo para leer críticamente los capítulos biológicos del estudio". Se decide entonces auditar el estudio y se contrata otra consultora. Según denuncian los kollas, los profesionales contratados por la misma los presionan para que acepten la traza y les cuestionan su carácter de indígenas.
La actuación de los jueces
El consorcio Norandino solicitó al juez federal de Salta una medida de no innovar ante la sospecha de una oposición más activa por parte de los kollas, o de Greenpeace. El juez accede a esta solicitud. Se ha señalado que se trata de una sentencia sin precedentes ya que no existe agravio.
Por otra parte, Greenpeace presenta una demanda contra el ENARGAS, en un juzgado federal de Capital, debido a que el mismo no cumplió con el requisito previsto en caso de oposición, esto es llamar a Audiencia Pública a las partes, antes de autorizar la traza. Este pedido es aceptado y se suspenden las obras. Pero al ser apelado, la Cámara Federal revoca el fallo en razón de la sentencia anterior del juez local. En este momento, este fallo de la Cámara está apelado ante la Corte de Justicia.
En su fallo, los camaristas federales se pronunciaron a favor del Ente Regulador del Gas y de las empresas Gasoducto Norandino y Transportadora de Gas del Norte, porque el fallo desconocía el previo dictado por el juez local. Este juez, en una resolución que resulta por lo menos sorprendente, dispone que Greenpeace y Tinkunaku "se abstengan de realizar cualquier acto o hecho que impida o paralice la normal y continua ejecución de las obras de construcción del gasoducto".
Un limitado debate público
A partir de esta situación, se produjo en algunos medios de comunicación locales o nacionales, un intercambio de opiniones que podría haberse convertido en un debate importante. El tema fue informado detalladamente por Clarín y además tuvo cierta cobertura en el diario local y en medios de Orán.
De alguna manera, el debate del que participaron localmente algunos columnistas del diario El Tribuno con dos respuestas, una de Greenpeace y otra de un docente de la Universidad, podría decirse que pretendieron plantear el tema, uno como una reactualización del dilema sarmientino "civilización o barbarie", donde, demás está aclarar que la correspondencia sería "gasoducto o kollas", mientras que el otro, centró sus argumentos en la negación de que la selva en cuestión sea "yungas" y de que los kollas sean "kollas", para lo cual se apeló a una serie de "títulos científicos", como un "doctorado en geología", y se aludió a una "investigadora científica" que cita a Hobsbawm por su "invención de la tradición".
Tal vez lo más curioso de este limitado debate haya sido la exhumación de fantasmas antiguos en la búsqueda de legitimidad para lo que claramente no la tiene : el trazado actual del gasoducto. Se quiere adjudicar a la comunidad kolla, que hace muchos años lucha por la propiedad de sus tierras, el oculto fin de crear una nación kolla en el noroeste argentino, con el apoyo de una comunidad de Luxemburgo. De ahí también el afán del columnista de negarles identidad kolla, y la relación que este hace, en el sentido de que ellos querrían llamar yungas a una selva que no lo es, sólo para evocar las de Bolivia.
Pero más allá de estas polémicas escritas, el conflicto que los kollas afrontan hace años con el Ingenio San Martín del Tabacal ha tenido muchas escaramuzas violentas, a lo que vino a sumarse la presión que ejercen ahora sobre ellos técnicos o representantes de la empresa constructora del Gasoducto.
Hasta aquí la crónica del conflicto, aunque advertimos que es un apretado resumen, ya que al durar tantos meses, no se puede realizar en este trabajo un desarrollo más detallado. Ahora intentaremos analizarlo en términos de transformaciones o permanencias respecto de la relación Estado-Sociedad.
El Estado Provincial
Como mencionábamos más arriba, el estado está inmerso en un proceso de cambios acelerados, de acuerdo al discurso del gobierno. "La provincia de Salta vive desde hace veinte meses la mayor transformación económica, productiva, institucional y administrativa de los últimos tiempos", se plantea desde la contratapa de la revista del Gobierno. Desde nuestra perspectiva existe una línea de política, tanto hacia el sector público, como hacia el sector privado, que comienza en la gestión de Cornejo (1987-91), se mantiene en la de Ulloa (1991-95) a pesar de provenir de otro partido, pero que se profundiza y acelera con la de Juan Carlos Romero (1995- continúa).
En otro trabajos hicimos mención al hecho de que durante la gestión de Roberto Romero, padre fallecido del actual gobernador, en 1983 luego de recuperada la democracia, la política a nivel provincial fue claramente inspirada en las propias del Estado de Bienestar, con un sentido redistribucionista, y de gran autonomía respecto del Estado Nacional. Es interesante destacar que los gobiernos posteriores se caracterizan por haber definido su política en sentido contrario a ésta. Se comienza lentamente con una política de ajuste, y aprobando en las cámaras legislativas una ley que compromete la reforma del Estado, y se avanza sistemáticamente en este sentido.
Como señalan algunos autores, el estado capitalista debe atender dos aspectos contradictorios, la acumulación y la legitimación. En estos términos, las política implementadas en Salta desde principios de los noventa favorecen claramente a la primera. O en términos de Oszlak, las reglas de juego entre el estado y la sociedad se establecen entre la gobernabilidad, el desarrollo y la equidad.
El actual gobierno postula que a través del crecimiento económico el estado puede cobrar impuestos para destinarlos a la atención de las necesidades de los ciudadanos, de alguna manera, adhiere a las llamadas teorías del derrame, o lo que es lo mismo, prioriza lo que considera "desarrollo económico", que puesto en otros términos es elegir la acumulación.
El planteo oficial parece equivocado, dado que las inversiones que convoca no generan desarrollo local. Por otro lado, la regresiva estructura impositiva hace impensable que los beneficios que aseguran traerá el dinero conseguido por regalías, sea redistribuido. Las características de la inversión productiva que llega a la provincia, descritas al principio del trabajo, hace pensar en un agravamiento de la inequidad social actual, ya que son los inversionistas los que imponen sus reglas de juego, con escasa atención de las necesidades y requerimientos locales. De ello se derivan conflictos como el de la selva de yungas, en donde una comunidad de aborígenes debe reclamar sus derechos por la tierra en la que viven hace muchos años ante compañías transnacionales. La asimetría de esta relación es clara.
Analizando el desempeño del estado provincial, este aparece en el momento de planear los gasoductos y de interesar a los inversionistas, luego prácticamente desaparece. El estado nacional, a través de ENARGAS, aparece litigando junto a las empresas que hacen el gasoducto. Sólo el defensor del pueblo apoya los reclamos de Tinkunaku, además de organizaciones ecologistas de la sociedad civil. La justicia, como parte del orden estatal, actúa garantizando los derechos de las empresas inversoras y desprotegiendo el derecho de las comunidades.
Oszlak plantea un cuadro interesante para analizar el caso de las privatizaciones de los servicios públicos, que con algunas adaptaciones al caso puede resultar adecuado para el estudio que proponemos. En un cuadro de doble entrada presenta los recursos de los actores y los actores.
CUADRO 1
Si bien está propuesto por Oszlak para el caso de las privatizaciones y entonces los actores son otros, es interesante señalar que se han modificado aquí sólo los signos que marcan la capacidad de coerción de la comunidad y la legitimidad de la misma. En el caso de la comunidad, la posibilidad de coerción es mínima, casi inexistente. Y el caso de la legitimidad, el manejo de los medios de comunicación locales tanto en Salta como en Orán, restó legitimidad al planteo de la comunidad kolla. La disparidad de recursos al alcance de un actor y otro, que se aprecia nítidamente en el cuadro, expresa las distintas posibilidades de obtener éxito en un reclamo. El caso que analizamos es agravado por el hecho de que se trata de un atropello sobre las condiciones de vida de cerca de dos mil personas, que se encuentran de un día para el otro con un grupo de extraños que disponen de la tierra donde viven y trabajan.
Los kollas, de nuevo
Cuando se planteó este tema para el trabajo, de alguna forma se pensó en mostrar como la reforma del estado, al retirarse para no obstaculizar el funcionamiento del mercado, desprotege a los ciudadanos más débiles. Sin embargo, podemos constatar que en este caso, la desprotección es tan antigua como el estado, y que no varía la indiferencia con que son tratados desde siempre. A la falta de solución para su problema de tierras, se le agrega la violación de sus derechos y hasta de su condición de ciudadanos, al ignorarlos como habitantes de la selva de yungas.
Una vez más, el afán productivista de la política estatal implica una alianza con el capital que llega buscando la ganancia por cualquier medio, y en sociedades con escaso ejercicio de defensa de sus derechos, y medios de comunicación no accesibles a todos, los costos son soportados por los grupos sociales carentes y también, por los recursos naturales.
Pero no sólo los kollas fueron afectados por el gasoducto, del otro lado de la frontera y por la construcción del Atacama, las autoridades locales iniciaron una demanda debido a que dañaron una valiosa reserva arqueológica. La alcaldesa de San Pedro de Atacama denunció ante el gobierno chileno que equipos de la constructora italiana Bonatti SPA y su asociada argentina IECSA "destrozaron reliquias de más de 2.000 años" en esa región, la más árida del mundo. Atribuyó lo ocurrido a "una terrible negligencia" y acusó a los organismos del vecino país de "no fiscalizar adecuadamente los trabajos. Y también en el sur, los mapuches se oponen a la construcción de la planta procesadora de gas y el ducto del Proyecto Mega de YPF, debido a los daños que producen.
Fuentes :
- Material periodístico, distintas ediciones de Clarín, Perfil, El tribuno, entre abril y setiembre de 1998.
- Herrán, Martín Miguel "El Gasoducto Norandino - O una nueva versión del colonialismo belga", en boletín de APSADES, julio de 1998.
- Oszlak, Oscar , material proporcionado en el Programa de Maestría en Política Social, Unsa, setiembre de 1998.
- Vazquez, E. y Aguilar, M.A. "El estado provincial. Antes y después de la reforma", Anales 5 de CLAD, 1996.
NOTAS
1 Revista "Salta está mejor", editada y distribuida gratuitamente por el Gobierno.
2 Herrán Martín Miguel, boletín de Apsades, julio de 1998 3 Omiten sumar en esta oposición a la organización ambientalista local Yaguareté.
Buscar en esta seccion :