Procesos de alterización y hegemonía en la política indigenista neuquina.

Fernando M. Sánchez
Universidad Nacional del Comahue
fsanchez@uncoma.edu.ar

El objetivo del presente trabajo es delinear las estrategias de construcción de hegemonía llevadas a cabo por el Estado neuquino, tendientes a lograr la inclusión subordinada de la población mapuche sobreviviente a las campañas militares de fines del siglo XIX.

El análisis apunta a observar las representaciones de lo indígena en el discurso oficial y su correlato en las políticas estatales delineadas para ese sector.

Se abordarán las continuidades y variaciones históricas de la significación e incorporación de lo mapuche al contexto neuquino, partiendo de su etapa inicial como Territorio Nacional, caracterizada por políticas de claro corte integracionista. El segundo momento remite al proceso de provincialización que se inicia en 1955, en el que el tratamiento de la cuestión indígena adquiere un nuevo cariz debido a la resignificación de lo mapuche como rasgo constitutivo de la identidad neuquina. Finalmente, se observará a partir de los ’90 la impugnación efectuada por las organizaciones mapuche a las tradicionales políticas indigenistas.

La cuestión indígena en el Territorio Nacional del Neuquén

La actual Provincia del Neuquén se constituyó como tal en 1955. Para ese entonces, el espacio neuquino ya tenía varias décadas de incorporación formal al Estado argentino, incorporación efectuada con la figura de Territorio Nacional en 1884, cuando el proceso de ocupación conocido como “conquista del desierto” estaba dando sus últimos pasos.

En el marco del proceso de unificación política y territorial de la Nación argentina post campaña, tienen lugar en el Territorio Nacional del Neuquén una serie de políticas estatales de incorporación de poblaciones de diversas extracciones nacionales y étnicas a la comunidad nacional, y en particular, a la comunidad neuquina en formación.

El proceso de consolidación de la presencia efectiva e imaginaria de la nación-como-estado en el espacio neuquino tendrá como un objetivo importante definir y generar pertenencias a la nación (agentinización de indígenas y chilenos residentes en el territorio) al mismo tiempo que remarcar –contra cualquier pretensión del Estado chileno– la jurisdicción sobre este espacio territorial.

Estas prácticas de incorporación y administración de distintos contingentes humanos no pueden desligarse de una fuerte apelación a una identidad nacional homogénea, y una correlativa desvalorización de las diferencias étnicas, raciales y nacionales, que operó generalmente como justificación ideológica de prácticas de subordinación.

Los gobiernos de los Territorios, lejos de responder a los problemas o necesidades de sus habitantes, funcionaban como mecanismos de extensión de la autoridad del Estado nacional, que se efectuaba tanto con el asentamiento de instituciones como con la sanción de leyes, y la incorporación efectiva del espacio y de la población a la jurisdicción nacional.

Entre las varias atribuciones y obligaciones de los gobernadores de los Territorios, la Ley 1532 de 1884 consignaba: “Procurará el establecimiento de los indígenas que morasen en el territorio”, y “velar por el progreso de la enseñanza y de la colonización...”  
El primero de estos items se refiere exclusivamente a la población indígena, mientras que el segundo no especifica la población de destino, por lo que puede inferirse que alcanza a toda la población del Territorio. La conjunción de ambas atribuciones constituye el núcleo de la política de “nacionalización” llevada a cabo en el contexto neuquino, tanto con la población indígena y criolla como con la extranjera.

Desde fines de siglo XIX y hasta bien entrado el siglo XX, es patente en los funcionarios públicos el estado de alerta por lo que se identificaba como el ‘peligro chileno’, que no sólo se refería a una supuesta tendencia expansionista del Estado trasandino, sino también al peso demográfico de la población chilena en el territorio, sumado a la conciencia de la extrema vulnerabilidad de los controles fronterizos.

Entre las estrategias estatales tendientes a la incorporación definitiva de los nuevos territorios, a la vez que a restringir sus lazos con las regiones trasandinas, pueden señalarse las políticas de poblamiento y los intentos de homogeneización cultural de sus pobladores, nativos o inmigrantes, desde lo que se perfilaba como la identidad nacional.

En este marco, el fomento de la colonización y producción agrícola de tipo capitalista, y la educación asimilacionista constituyeron los modos concretos de articulación de tres pilares del imaginario dominante de fines del siglo XIX y buena parte del siglo XX: modernización, nacionalismo y evangelización.

Las políticas de poblamiento y de fomento de la educación asimilacionista planteadas en el Territorio del Neuquén en la primera mitad del siglo, tenían al sector indígena como un destinatario claramente delimitado. En estas propuestas se incluían reiteradamente, ya sea en los fundamentos, en el diagnóstico de la situación o en informes sobre los avances en su implementación, una variedad de referencias sobre los indígenas, conteniendo desde descripciones valorativas de su modo de vida hasta recomendaciones sobre qué hacer con ellos, cuestiones que resultan de interés para el objetivo planteado de establecer vinculaciones entre representaciones de la diferencia y políticas de subordinación. En ellas coincidían un discurso inferiorizante de corte evolucionista y una fundamentación de las prácticas asimilacionistas desplegada en varias instituciones. En esta dirección pueden citarse la política de “colonización indígena” de la década del 30, en el marco de una política de tierras más amplia que incluía también otros sectores sociales y otras modalidades de acceso, como eran las denominadas “colonización sistematizada” y “colonización de emergencia” 1.

La “colonización indígena” se distinguía de las otras dos por las particularidades de la población de destino, tales como el modo comunitario de vida y de acceso a la tierra, así como las prácticas culturales tradicionales. Además, la concesión de tierras a las comunidades indígenas tenía como objetivo su fijación a la tierra como parte de una estrategia más amplia de control político y aculturación. En este sentido, la política de sedentarización y el fomento de la agricultura se proponían como pasos en el camino de civilización frente a las tradicionales prácticas de nomadismo y caza-recolección 2.

Por su parte, debe destacarse también el lugar central que ocupó la instrucción pública, con una fuerte carga religiosa y nacionalista, como agencia privilegiada de formación cultural y control social (Juliano 1993) dirigida tanto a nativos como a extranjeros.

Paralelamente se daba por estos años, de acuerdo a lineamientos de orden nacional, un esfuerzo por no reconocer los niveles organizativos comunitarios y deslegitimar las autoridades indígenas a fin de “incorporar al indio de manera definitiva a la civilización, haciendo que cada indígena actúe por sí solo como simple ciudadano, y no por intermedio de representantes tribales.” 3
De este modo, el fomento del modo de asentamiento y organización comunitaria, fundamentalmente por cuestiones prácticas de fijación y control, se compatibilizaba con las políticas e instituciones nacionales tendientes a desplazar la identificación primaria del nivel grupal o “tribal”, al nivel de la pertenencia a la nación en tanto ciudadano argentino (Briones y Díaz 1997).

Este modo de abordar simultáneamente el nivel individual y el colectivo evidencia el funcionamiento del poder en prácticas individualizantes y totalizantes, cuyo resultado es un reforzamiento de los mecanismos de control, recayendo por un lado en el disciplinamiento de los individuos, y operando a la vez a nivel demográfico, en la regulación de la vida de las poblaciones (Foucault 2001).

El proceso político-cultural de asimilación suponía que, en la medida en que estos individuos asumieran su identidad como “indígenas argentinos” diferentes de los “indígenas chilenos” pero diferentes también de lo que se representaba como “típicamente argentino”, se estaría concretando su integración subjetiva a la nación que antes los incorporó físicamente por la fuerza, a la vez que garantizar una integración subordinada.

Uno de los casos paradigmáticos de la política asimilacionista fue la creación en 1937 de una Escuela Granja Hogar en la ciudad de Neuquén, a la que concurrirían niños de las comunidades para su formación. En qué y para qué serían formados lo explicita su impulsor, el Gobernador Pilotto:
“Esta escuela, que se ocupará de la instrucción general de la niñez indígena del Territorio, tendrá por especial objeto enseñarles un oficio o profesión para que al egresar de ella, vuelvan a sus antiguos hogares educados y capacitados para, no sólo servirse a sí mismos, sino para orientar a los demás e infiltrarles, por reacción natural, mejores normas de vida, haciendo desaparecer la inercia y despreocupación que hoy les domina. Funcionará en principio, como ensayo, con sólo 30 alumnos. Podrá no obstante, llegar a albergar un importantísimo núcleo de jóvenes indígenas, que –encariñados con el trabajo, instruidos intelectualmente por la escuela del internado, con un espíritu renovado completamente, con principios sanos de moral y de higiene, y con sentimientos de fraternidad, sin odios ni rencores– al volver a sus tribus de origen no podrían adaptarse a vivir en la indigencia y que, por el contrario, reaccionarían en sentido favorable para levantar el nivel de vida de sus congéneres; o, fracasados en su intento, se apartarán para mezclarse con la civilización, procurando mantener ese bienestar que les ha brindado su paso por la escuela, bajo la tutela del Estado. Todo hace pensar, pues, que con este establecimiento se ha dado ya un importantísimo paso, en lo que respecta al problema indígena.” 4

Esta institución funcionó por algo más de una década recibiendo y devolviendo algunos cientos de jóvenes de distintos puntos del Territorio. En 1951, la Escuela Granja Hogar Ceferino Namuncurá se convirtió en una escuela común abierta a los niños del vecindario. Desaparecía así uno de los más claros símbolos de la política asimilacionista en la historia de la Educación en Neuquén (Teobaldo et al 2000), importante –para nuestro análisis– no sólo por la función específica que desempeñó, sino por ser una referencia que condensaba año tras año, la representación de los gobernadores y otros agentes del Estado acerca de la nación, el territorio, los indígenas, la cultura, y las relaciones entre estos y otros aspectos.

Los informes sobre la situación indígena se mantuvieron sin grandes cambios hasta la Memoria de 1954 correspondiente a Pedro Luis Quarta, el último gobernador territoriano, que tuvo la tarea de organizar la transición hacia la provincialización del Neuquén. De modo similar a sus antecesores, informaba al Ministerio del Interior de la Nación que las “tribus indígenas” seguían allí, que totalizaban en el Territorio un número de 5.863 individuos, y que realizaban, en los campos que les fueron concedidos por el Estado, una variada aunque exigua producción agrícola y ganadera. También consignaba, como en años anteriores, la información acerca de cantidad, ubicación y situación legal de las tierras ocupadas por cada tribu.

La política seguida con la población indígena en Neuquén durante su etapa de Territorio Nacional puede caracterizarse por líneas de acción paralelas. Por un lado, la inclusión de la población indígena en programas de colonización rural, con políticas de administración de tierras fiscales y fomento de la producción agrícola, que afectaban al sector rural en general. Por otro lado, las instituciones encargadas de la formación de ciudadanía (más concretamente, la formación de la subjetividad de los individuos como argentinos, cristianos, trabajadores y respetuosos de la autoridad) apuntaban al reemplazo de los modos tradicionales de vida –evaluados como atrasados– con la mira puesta en un horizonte de modernización e integración (Martínez Sarasola 1992), aunque en un modelo de sociedad fuertemente jerarquizado.

Las tierras fiscales y su administración, fueron transferidas al Estado provincial a partir de su institucionalización, pasando por lo tanto la cuestión de la “colonización indígena” también a la órbita del gobierno provincial. En este plano no hubo cambios significativos hasta que en 1964 el Gobernador Felipe Sapag iniciara una política de regularización de la tierra de las comunidades bajo la figura de “reserva”, que implicaba ciertos derechos y obligaciones. Se iniciaba así una nueva etapa en la que el gobierno provincial confrontaba con el poder central, al tiempo que iniciaba una política de tipo desarrollista y clientelar (incluyendo la coptación de las comunidades), tornando ambos gestos en pilares de su estrategia de acumulación de poder (Palermo 1988). En este contexto histórico y político debe situarse el desarrollo de las políticas indigenistas en Neuquén en la década del ‘60.

Incorporación simbólica: lo mapuche como raíz de la identidad provincial

La administración de la tierra pública en general, y su relación fundamental con la vida de la población indígena fue una preocupación recurrente de los Gobernadores territorianos. Pero este tema tomó una centralidad especial en los años iniciales del proceso de provincialización, al punto de estar incluido en la Constitución Provincial de 1957.

En este texto fundacional, el problema de la tierra también aparece tratado desde una doble perspectiva, prefigurando dos destinatarios diferentes: inversores o productores en general por un lado, y “agrupaciones indígenas” por otro.

El derecho especial de acceso a la tierra previsto por la Constitución neuquina para las comunidades indígenas está contemplado en el Artículo 239 que establece: “Serán mantenidas y aún ampliadas las reservas y concesiones indígenas. Se prestará ayuda técnica y económica a estas agrupaciones, propendiendo a su capacitación y la utilización racional de las tierras concedidas, mejorando las condiciones de vida de sus habitantes y tendiendo a la eliminación progresiva de esta segregación de hecho”.

Esta “discriminación positiva” hacia las comunidades indígenas no contemplaba en aquella coyuntura ningún reconocimiento político o de “derechos fundamentales”, que harían su aparición en los ’90 tanto a nivel de organismos internacionales como en los reclamos de organizaciones indígenas. De todos modos, la década del ’60 se inició con un giro en la representación acerca de los indígenas, que comenzaban a perder su carácter de “población-problema”. Por el contrario, la apelación a lo mapuche comenzó a teñirse con una retórica exotizante y a referirse a un pasado inmemorial, en el que encontraría sus antecedentes y hundiría sus raíces la neuquinidad. Esta nueva consideración hizo su aparición en el Primer Congreso del Área Araucanista Argentina, realizado en 1961 con el fin de “ordenar, sistematizar y documentar todo lo referente al patrimonio material y espiritual, relacionado con los valores del pueblo araucano, que habitó el suelo argentino para reconstruir ese período de nuestra historia patria...” 5

En relación a su realización, el Gobernador Asmar, además de resaltar la participación de estudiosos del tema, autoridades y medios de prensa, señalaba la importancia de contar con “la presencia serena y evocativa de los caciques mapuches del Neuquén” 6.

El cambio en la valoración es notorio en esta imagen mistificada de las autoridades mapuche, que contrasta fuertemente con la forma en que era evaluado el “ethos indígena” unas décadas antes. Hacia 1936, por ejemplo, el gobernador Pilotto proponía la intervención directa en la organización de las comunidades a través de “la creación de un organismo local, que tome a su cargo el asesoramiento y dirección de las reducciones o agrupaciones indígenas, con suficientes recursos para el normal desarrollo del trabajo y eliminación de la vida contemplativa e indolente que ahora llevan.” 7

La nueva valoración de lo nativo, el relato en tiempo pasado de lo que seguía estando presente –y muy especialmente “presentado” en este evento de 1961– empezaría a conformar un modo de reconocimiento folclorizado, una nueva estereotipación y una nueva versión de “integración subordinada” caracterizada por un fuerte paternalismo. Según Briones y Díaz, la historia del tratamiento de los pueblos indígenas puede caracterizarse como “el pasaje de ‘inapropiados inaceptables’ (cuya inadecuación justificara la Conquista del Desierto como cruzada nacional), a ‘subordinados tolerables’ forjadores de identidad provincial.” (Briones y Díaz 1997: 4).

En 1962, otra propuesta oficial abonaba este camino de redescubrimiento cognoscitivo de los nativos de la Provincia del Neuquén. En este caso reaparece el interés por la demografía indígena presente en la mayor parte de la etapa territoriana, ahora vinculado a una finalidad práctica. Por Ley Nº 306 sancionada por la Legislatura Provincial, se establecía la realización de un “censo, estudio e inspección de las reservas indígenas existentes en la Provincia”, cuya finalidad sería “considerar el mejor uso y distribución de las tierras conforme a las  reales necesidades de las familias indígenas”.

Los Decretos de reserva de 1964 hacen mención a este censo, como fuente básica de información sociodemográfica de la población mapuche de la zona rural provincial. Uno de los primeros ítems del Decreto 737/64 anunciaba otras medidas complementarias a la reserva de tierras, ya que el Poder Ejecutivo reconocía que su acción sería insuficiente para mejorar la situación de los indígenas si se limitara a esta operación, y por lo tanto, disponía acciones tendientes a asegurar “su asistencia inmediata mediante la instalación de escuelas y puestos sanitarios, que coordinada con la realización de campañas de extensión agrícola y de desarrollo y aprovechamiento de sus evidentes y naturales aptitudes, permitirán elevar las condiciones en que se desenvuelve la vida de estas familias...”
En el discurso de apertura de las sesiones legislativas de 1964, el gobernador Felipe Sapag anunciaba la política de regulación de tierras para las agrupaciones indígenas como un primer paso del “Operativo Araucano”, que incluiría una serie de programas tendientes a “asimilarlos al resto de los habitantes del Neuquén, sin distingos de ninguna naturaleza…”

Es importante tener en cuenta que desde el primer gobierno del Movimiento Popular Neuquino (MPN), encabezado por Sapag en 1964, se asumirá la tarea del desarrollo provincial, paralelamente a la construcción discursiva de la neuquinidad (Favaro et al 1993)  desde una retórica fuertemente anticentralista, y en consecuencia, antiporteña. La confrontación con el Estado nacional, denunciado como responsable del abandono y estancamiento de Neuquén, tendrá como contracara un énfasis provincialista basado en la unidad y cohesión social más allá de las diferencias existentes. En este sentido, el discurso político de partidos provinciales como el MPN, interpela a los partidos nacionales y se propone “constituir el interés común en términos de un conflicto primordial: el de la provincia frente al poder central” (Palermo 1988:11).

En su discurso del 1º de mayo del año siguiente ante la Legislatura provincial, Sapag se refería a la política en marcha del siguiente modo:

“La situación peculiar de nuestros aborígenes ha sido, por primera vez, tratada con criterio racional y altruista, otorgándoles la posesión y título de las tierras que ocupaban procurando capacitarlos mediante la instalación de escuelas de artesanía rural, para procurarles un oficio y propendiendo a la elevación de su nivel de vida, mediante la entrega de implementos y maquinarias para la labranza.” 8

El sesgo paternalista y asistencialista que se evidencia en los pasajes reseñados anteriormente será el blanco central de las críticas del activismo mapuche en los ’90, que reclamará al Estado su reconocimiento político como Pueblo Originario, y no su tratamiento como una clase social o población rural pobre. Cabe mencionar que en estos años no existía aún ninguna repartición provincial destinada especialmente a atender los problemas y necesidades de la población indígena. Los programas o acciones dirigidos a ellos, como a los demás pobladores del área rural, pasaban principalmente por el Ministerio de Asuntos Agrarios, y los destinados a la población con graves carencias económicas –fueran indígenas o no– estaban a cargo del Ministerio de Acción Social.

Interpelaciones del Pueblo Mapuche al indigenismo neuquino

La relación entre el Estado provincial y el sector indígena en los ’90 estuvo caracterizada por disputas de distinto tenor. A partir de la conmemoración del Quinto Centenario en 1992, se produjo una irrupción de lo mapuche en la esfera pública neuquina, irrupción caracterizada por reclamos político-culturales. Una de las alteraciones en la vida cotidiana –especialmente en Neuquén capital– fue la eclosión de unos discursos, símbolos y cuerpos que ya no coincidían con las representaciones sociales tradicionales: “nuestros aborígenes” se presentaban ahora como Pueblo Nación Mapuche, un Pueblo Originario preexistente a los límites provinciales y nacionales impuestos hace algo más de un siglo.

La presentación de una bandera propia, la reivindicación del mapuzugun y la afirmación de su estatus de Pueblo único extendido a ambos lados de la Cordillera, anterior y más allá de las estructuras estatales, generó inmediatamente una ola de reacciones que, del mismo modo que a principios de siglo alertaban sobre el “peligro chileno”, veían ahora una amenaza separatista y una inminente disgregación del territorio nacional y patagónico.

La autoafirmación como Pueblo, más los reclamos de territorio y autonomía como derechos fundamentales 9, conformaron el eje del discurso político de las organizaciones mapuche, en concordancia con la tendencia global de reconocimiento de derechos a los grupos indígenas. Aquí puede observarse cómo “la legislación internacional, nacional y provincial está operando como factor poderoso en lo que hace a re-construir y re-constituir a los indígenas (y por consiguiente a los no indígenas) como sujetos políticos de tipo particular” (Briones 1998: 244). El Convenio 169 OIT (1989) y la reforma de la Constitución Nacional (1994) resultaron referentes importantísimos en este sentido.

Desde el Estado provincial, se intentaba restaurar el modo histórico de hegemonía que estaba siendo cuestionado, denunciando la politización de la dirigencia mapuche, a la vez que tratando de reencauzar los reclamos al ámbito de la asistencia social.

Conclusión

En función de lo desarrollado hasta aquí, y a modo de síntesis del decurso seguido por el tratamiento de la “cuestión indígena” en Neuquén a lo largo del siglo XX, puede notarse que a pesar de un cambio en el modo de construcción y valoración de la diferencia, persiste hasta la actualidad una relación asimétrica entre la sociedad global y la población mapuche, rubricada y potenciada desde las políticas del Estado provincial.

Desde principios del siglo XX, el interés por la integración de los indígenas aparecía como un tema específico dentro de la cuestión general de la integración territorial que por entonces ocupaba y preocupaba a los sectores dominantes. La población indígena sobreviviente a las campañas militares y los traslados compulsivos, moral y materialmente desbastada, numérica y espacialmente reducida, no representaba en este período un peligro para la administración estatal, aunque sí era visto como un obstáculo para el proceso de desarrollo modernizante que se vislumbraba.

Este modo de tratamiento de la cuestión indígena se inscribía en una tendencia que a partir de la década del ’30 sería dominante a nivel supranacional. Se trata del indigenismo asimilacionista, desarrollado teóricamente y consensuado como política de estado por distintos países americanos.

En la VIII Conferencia Panamericana realizada en 1938 en Lima, se declaraba que los indígenas “... tienen un preferente derecho a la protección de las autoridades públicas para suplir la deficiencia de su desarrollo físico e intelectual...” y en consecuencia se recomendaba a los gobiernos “...desarrollar políticas tendientes a la completa integración de aquéllos en los respectivos medios nacionales” 10. En esta Conferencia se decidió además la celebración del primer Congreso Indigenista Interamericano para 1940 en México, al que le siguió más de una decena hasta el presente.

Recién a partir de mediados de los ’80 comienza a tomar cuerpo tanto en el plano internacional como nacional una consideración distinta de las diferencias culturales, y en particular respecto a los derechos de los pueblos indígenas. Paralelamente, el desarrollo de un movimiento indígena con reivindicaciones político-culturales empieza a manifestar cada vez con más fuerza sus críticas a las políticas indigenistas y al tipo de incorporación subordinada que tradicionalmente han sufrido, tanto de parte del Estado nacional como de los estados provinciales.

Las transformaciones recientes en estos dos niveles –el de los movimientos indígenas y el de las estructuras estatales y supraestatales– suponen un avance importante en el camino del reconocimiento de las diferencias, aunque están aún bien lejos de haber resuelto el problema que supone la existencia de diversidad cultural en estados nacionales y provinciales que operan desde una autoconcepción monocultural.

En este sentido, la retórica más “tolerante” instalada en las últimas décadas, debido en parte a la propia presión de las organizaciones indígenas, no logra ocultar la perpetuación de una relación de sometimiento de profundas raíces históricas, que se manifiesta actualmente en un modelo de integración subordinada de la población indígena en general, y de los mapuche en la provincia del Neuquén en particular.

Bibliografía

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Briones, Claudia y Díaz, Raúl (1997) “La nacionalización/provincialización del ‘desierto’: procesos de fijación de fronteras y de constitución de otros internos en el Neuquén”. V Congreso de Antropología Social, Universidad Nacional de La Plata.

Favaro, Orietta y Morinelli, Marta (1993) “La política y lo político en Neuquén: La política territoriana en el marco del desenvolvimiento económico y social de Neuquén (1884-1955).” En: Bandieri, Favaro y Morinelli (Eds.) Historia de Neuquén. Buenos Aires, Plus Ultra.

Foucault, Michel (2001) “El Sujeto y el Poder” en: Dreyfus, H. y Rabinow, P.: Michel Foucault: más allá del Estructuralismo y la Hermenéutica. Buenos Aires, Nueva Visión

Juliano, Dolores (1993) “Las minorías étnicas en Argentina. La autorreproducción social y el tratamiento escolar de la diferencia (1880 a 1890)”. Memoria de investigación, mimeo.

Martínez Sarasola, Carlos (1992) Nuestros paisanos los indios. Buenos Aires, Emecé.

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Sánchez, Fernando (2004) “El Internado para niños indígenas Ceferino Namuncurá. Un caso paradigmático de educación asimilacionista.” En Díaz, Raúl y Alonso, Graciela: Construcción de espacios interculturales. Buenos Aires-Madrid, Ed. Miño y Dávila.

Stavenhagen, Rodolfo (1988) Derecho Indígena y Derechos Humanos en América Latina. México, I.I.D.H.

Teobaldo, M. et al (2000): Sobre maestros y escuelas. Una mirada a la Educación desde la Historia. Neuquén 1884-1957. Rosario, Ed. ArcaSur.

Fuentes

Gobernación del Neuquén. Memorias anuales de 1930 a 1952.

Actas del Primer Congreso del Área Araucanista Argentina. Neuquén, 1963.

NOTAS

4to Congreso Virtual
Equipo NAyA - 2004

Sitio integrante de la Red NAyA de sitios de antropología y arqueología. https://naya.com.ar/congreso2004/

Ultima modificación de esta página 16/9/23

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